Ayer, el juzgado 38 de Madrid publicó un dictamen sobre esa venta, pero concluyó que “no existen elementos suficientes” para continuar el procedimiento. El juez considera, en la sentencia a la que ha tenido acceso EL PAÍS, que no está “debidamente justificada la perpetración del delito” y por ello pide el “sobreseimiento provisional” y el “archivo” de la causa.
El juzgado 38 estaba investigando este asunto a raíz de una denuncia presentada al poco de realizarse la venta. El grupo municipal socialista, al frente del que estaba Jaime Lissavetzky, y la Asociación de Afectadas y Afectados por la venta de viviendas de la EMVS (AAVVE), denunciaron a Fermín Oslé, consejero delegado de la EMVS cuando se hizo la operación (y condenado por el Tribunal de Cuentas). También, a Alfonso Benavides, apoderado de Fidere (dos de sus filiales se repartieron todos los inmuebles). Ambos estaban acusados de prevaricación y malversación de caudales públicos.